Conjunto Residencial Usme 1 — 901.802.529-4
1. Datos del denunciante
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Nombre completo: Andres Felipe Diaz Reyes
Cédula de ciudadanía:1233895465
Dirección: Diagonal 99 sur 8a 39 Torre 7, Apto. 601 ( Conjunto Usme 1)
Teléfono de contacto: 3143531257
Correo electrónico: optimizandoorganizaciones@gmail.com
Proceso conexo: Fiscalía Seccional 522 — denuncia por injuria agravada instaurada en su contra de Andres Felipe Diaz Reyes con número de investigación 110016000050202491279
2. Personas denunciadas
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| N.° | Nombre | Cedula | Ubicación / identificación | Rol en los hechos |
| 1 | Jaime Obando Gutierrez | 79605393 | Diagonal 99 sur 8a 39 Torre 1, Apto. 104 | Consejero (2023-2026) |
| 2 | Marta Liliana Ortega Meneses | 1014177685 | Diagonal 99 sur 8a 39 Torre 2, Apto. 202 | Consejera (2023-2026) |
| 3 | María Isabel Morelo Rengifo | 51801577 | Diagonal 99 sur 8a 39 Torre 5, Apto. 303 | Consejera (2023-2025) |
| 4 | Nury Paola Laguna Cuellar | 1024466345 | Diagonal 99 sur 8a 39 Torre 7, Apto. 101 | Consejera (2023-2025) |
| 5 | Maria Isabel Morelo Rengifo | 51922912 | Diagonal 99 sur 8a 39 Torre 7, Apto. 401 | Consejera (2023-2025) |
| 6 | Ruth Marlen Gonzales Forero | 39545340 | Diagonal 99 sur 8a 39 Torre 5, Apto. 303 | Administradora (2023-2026) |
3. Relato cronológico de los hechos
2023 — Llegada al conjunto
La constructora empezó a entregar los apartamentos del conjunto Usme 1 entre abril y junio de 2023. Yo me trasladé a vivir allí entre noviembre y diciembre de ese mismo año. Cuando llegué, ya habían pasado tres administraciones: la señora Darys (la misma asesora comercial que vendió el proyecto), Marlene (que duró un solo día en el cargo) y el señor Eder, quien estaba contratado cuando yo llegué. A Darys la sacaron acusándola de ladrona, y a Eder le hicieron lo mismo hasta que, por orgullo, se fue del conjunto junto con los vigilantes a finales de diciembre de 2023.
Esa misma noche se hizo una reunión extraordinaria, en la que Isabel participó desde la ventana porque supuestamente estaba enferma y no podía bajar. Ahí se acordo que la administración se seguiria cobrando en efectivo con talonario incluso sin administrador. La gente mostró inconformidad, y para evitar que dejaran de pagar por desconfianza, propuse crear una página web que automatizara el recaudo de la administración y los pagos a proveedores, con su respectiva factura electrónica.
2024 — La plataforma, las placas, la auditoría y el internamiento
En enero de 2024 volvió la administradora Ruth Marlen González Forero (la misma que antes había dejado el cargo botado). Terminé y publiqué la plataforma usme1.org. Al hacer la entrega oficial a los consejeros en la panadería de la Torre 1, Apto. 104 —propiedad de Jaime Obando—, él me dijo “eso no se puede hacer”, aunque ya le había mostrado que estaba funcionando. Les di también un WhatsApp corporativo para que respondieran como uno solo. No es que la plataforma no se pudiera hacer —ya estaba hecha—, sino que lo que no se podía era seguir manejando el dinero de forma irregular si dejaban el efectivo. Por eso decidieron seguir con el recaudo manual.
El 29 de febrero de 2024, Ruth Marlen le pagó por única vez a un contador para hacer los estados financieros, y entre marzo y abril abrió una cuenta de ahorros en AV Villas a nombre del conjunto, para dejar de manejar el recaudo de la administración en efectivo, sin embargo para el pago a los proveedores se realizaba un único retiro al mes que luego se gastaba para “Cubrir los gastos operativos del conjunto”
En abril de 2024 se hizo la primera asamblea de copropietarios. Se canceló porque llegaron solo con un flujo de efectivo y un informe de cartera donde a muchos propietarios les aparecían deudas falsas. Ese año yo no asistí porque estaba de viaje con mi familia, incluida mi mamá; sin embargo, en el acta que los consejeros usan para reafirmarse en sus cargos, quedó registrado que mi mamá sí había asistido.
Hacia mayo de 2024 empezaron las quejas por el parqueadero —no había control y se decía que la plata se estaba perdiendo—. Le propuse a Jaime fabricar placas de identificación. Él habló con la administradora, quien me dijo que él mandaba en ese tema y le delegó pasarme la información. Jaime se negó a usar mi formulario estandarizado y me hizo todas las solicitudes por WhatsApp. Fabriqué y cobré todas las placas al conjunto, y la administradora las pagó. Le hice saber que había muchas Discovery en el conjunto. Después me enteré de que él había mandado a hacer mal, a propósito, las placas de su propia moto Discovery y las de muchos otros propietarios, para crear un error que pudiera aprovechar para seguir eludiendo el pago de su propia plaza asignada desde la entrega del conjunto en abril del 2023.
En junio de 2024, la consejera María Isabel Morelo Rengifo (Torre 7, Apto. 401) me contactó diciéndome que se estaba perdiendo dinero y me pasó información para auditar el conjunto. Organizó reuniones con propietarios, quienes firmaron un documento confirmando que habían visto la plataforma y la auditoría. Hice la entrega final de los hallazgos a tres consejeros: Jaime Obando, Marta Liliana Ortega Meneses (Torre 2, Apto. 202) y María Isabel —tres de los cinco que hoy me tienen demandado—.
Al día siguiente, María Isabel me llamó y me contó que Jaime la había encerrado en su apartamento/panadería y la había amenazado: si yo cobraba por la auditoría, “nos van a joder a todos los que firmamos”. Me pidió que borrara su firma porque tenía miedo y estaba al borde de un paro cardíaco, camino al hospital.
Envié la cuenta de cobro por la auditoría con fecha límite. El último día, un viernes, llegué de la universidad hacia las 9 de la noche y me encerraron en la panadería de Jaime para decirme que no me iban a pagar. A los demás propietarios les dijeron que les iban a cobrar la factura individualmente por haber recibido la información de la auditoria, y que si no me bloqueaban y dejaban de hablarme, los iban a multar. Al enterarme, generé facturas individuales por el mismo valor, pero a nombre y cédula de los consejeros que habían intimidado a los demás propietarios.
En septiembre de 2024, Jaime Obando tomó una zona verde común, la cubrió con piedritas y corrió el cerramiento para reducir el área común (una propietaria protestó con un carrito). A mediados de mes, una noche, rayé una pared con “baño para perras” en la fachada de mi copropiedad, en el exterior del apartamento de Obando —porque ahí era donde los propietarios sacaban a sus perros—, y publiqué en usme1.org una denuncia por la corrupción que las consejeras intentaban enterrar.
Esa misma noche, María Isabel llegó a mi apartamento con su hijo y policías a amenazarme e intimidarme. Al día siguiente exigió que dejaran una moto de policías en la entrada para impedirme salir. Jaime le dijo a mi mamá que si me veía solo me iba a “joder”; como yo nunca ando acompañado, eso la preocupó. Por presión de las consejeras —que exigían un certificado psiquiátrico como condición para dejarme seguir viviendo ahí—, mi familia me internó.
María Isabel fue a la Fiscalía y denunció primero por violencia de género, por la palabra “perra” y diciendo que temía por su integridad. Eso le dio una orden de protección como víctima que me prohibía acercarme a mi propio hogar, viviendo ella dos pisos abajo de mí en la misma torre. Luego, al sumarse las cinco consejeras, el caso se recalificó a injuria agravada.
El 4 de noviembre de 2024 hubo una reunión previa con el comité de convivencia consejeros y administradora de mi conjunto Usme 1. La administradora Marlen confirmó que María Isabel no había presentado la orden de caución de su denuncia por violencia, así que no podían impedirme el ingreso. En esa reunión me aseguré de que supieran que a la primera audiencia de conciliación del dia siguiente (5 de septiembre de 2024) yo llegaría con abogado. A la primer conciliacion del 05/09/2024 solo se presentó Isabel y excuso a los demas diciendo que ellos no sabian que debian asistir, la sesión se pospuso, y días después presioné para que agendaran la segunda. En esa segunda conciliacion si llegaron todos y acordamos: yo pagaría $1.200.000 en 6 cuotas de $200.000, me disculparía públicamente, eliminaría usme1.org y presentaría un certificado psiquiátrico que avalara que podía convivir en sociedad conforme a las pretensiones que llevaban por escrito. A cambio, me dejarían vivir en paz, me invitarían a la asamblea de abril de 2025, presentarían ahí balance general, estado de resultados, flujo de efectivo e informe de asignación de pagos firmados por contador y pintarian la pared “Vandalizada”.
2025 — El incumplimiento del acuerdo y las asambleas saboteadas
Pagué las tres primeras cuotas en enero, febrero y marzo. Marta llamo de forma recurrente a mi mamá para quejarse de que yo me bañaba de noche, escuchaba música y cantaba en idiomas distintos al español, pidiéndole que “me pusiera un bozal y una correa bien cortita”. No me llegó la invitación a la asamblea de abril, y al ver que solo habían notificado a 9.5 de las 15 torres, me encargué yo mismo de convocarlas todas y de poner a disposición de todos la información financiera histórica.
En la primera asamblea de abril de 2025 llegaron muchos propietarios, algunos incluso con policía. La administradora impidió el ingreso a la mayoría alegando que el salón era muy pequeño. Marta intentó intimidar a mi mamá para que no firmara mi representación, y Nury Paola me dijo en la entrada “usted no entra”;pero como mi mamá hizo valer sus derechos y firmó, yo entré. Isabel luego de leer el orden del dia pidió que se me diera espacio para disculparme, y los propietarios aceptaron con la condición de que explicara lo que había encontrado en la auditoría. Fui elegido veedor por votación, en contra del deseo de las consejeras, y justo después, la administradora canceló por “falta de quórum” y convocó una segunda asamblea tres días después.
En esa segunda asamblea de abril del 2025, de más de 120 asistentes, solo 23 votaron a favor de lo leído; a los demás no les preguntaron nada, ni les permitieron siquiera votar en contra. Omitieron darme el espacio para disculparme con el fin de evitar que yo explicara los resultados de la auditoría.En esa reunión también Fui votado también como veedor del acta, pero esa acta nunca me la entregaron ni a mí ni a la otra veedora.
Dejé de pagarle a Marta porque consideré que habían incumplido totalmente el acuerdo pactado: ni la pintada de la pared “vandalizada” ni la presentación de los documentos financieros firmados por un contador público, ni la invitación en los términos pactados, ni dejarme vivir en paz —seguían llamando a mi mamá para intimidarla—. En mayo de 2025, Marta le reclamó a mi mamá el resto de la “deuda”. Envié tres transferencias adicionales de doscientos pesos con tres decimales, y les envié una carta de cumplimiento haciendo que las 6 transferencias sumarán $1 200 000 —aludiendo a propósito a cómo ellos habían maquillado sus propios informes—, dejando claro que yo daba el acuerdo por cumplido de mi parte, aunque no borré las pruebas de la auditoría, porque ellos sí lo habían incumplido.
En noviembre de 2025, los propietarios de las torres 10 a 15 se organizaron, recogieron firmas y convocaron una asamblea extraordinaria. Les compartí toda la información financiera y los ayudé a organizarse —esto salió en City Noticias—. Al enterarse, Marta y Jaime —los únicos que se habían atrevido a repostularse al consejo— fueron a la Fiscalía y reabrieron el proceso de injuria.
El 10 de noviembre de 2025 fui a la citación. Le mostré al fiscal que habían reabierto la investigación porque yo seguía suministrando información que creían eliminada y porque había ayudado a convocar la asamblea extraordinaria próxima. Dije que daba por cumplido todo lo pactado y que, conformes o no, no iba a pagar más. Frente al fiscal, Jaime amenazo mi integridad diciendo “me dan ganas de romperle la jeta”; le pedí que ejecutara la amenaza al igual que todas las que me había hecho antes como la de Joderme si me veía solo, demandarme si publicaba los resultados de la auditoría… El fiscal le advirtió que eso no le convenía a los demandantes y Jaime se calmó. Una vez aclarado que tenía derecho a la presunción de inocencia pedí que avanzara la investigación penal para que con pruebas frente al fiscal los demandantes demuestren que todas mis denuncias documentadas son falsas.
Se generó acta y el caso se trasladó a la Fiscalía 522 y quedó sin gestión hasta agosto de 2026. El 23 de noviembre de 2025, tras intentar sabotear la asistencia, los consejeros llegaron a la asamblea extraordinaria diciendo que iban “como propietarios” para eludir su responsabilidad como consejeros. No firmaron asistencia, no hubo quórum suficiente para formalizar la asamblea extraordinaria, y quedó como una charla informal.
2026 — El destape del desfalco
En abril de 2026 llegó la asamblea ordinaria. Por primera vez publicaron un estado de resultados con excedentes de casi $70.000.000 y un balance general con apenas $25.000.000 en cuenta. Se negaron a entregar el flujo de efectivo y el informe de asignación de pagos, e inventaron que el poder de representación debía radicarse con antelación. Preparé dos paquetes con el poder de representación, cédulas y dos derechos de petición: uno sobre el acoso y constreñimiento que estaba viviendo por denunciar la corrupción, y otro solicitando formalmente los documentos que omitían como el flujo de efectivo y el informe de asignación de pagos.
El día de la asamblea seguí el orden del día, fui elegido veedor de nuevo, se discutió todo y se eligieron consejeros completamente nuevos, sacando a los que estaban desde la constitución del conjunto. Al “traducir” para todos los estados financieros firmados por la contadora Aurora Báez Carreño, quedó claro: excedente de $69.829.245 según el estado de resultados, pero solo $24.899.203 disponibles según el balance general → una diferencia de $44.930.042 apropiados entre 2023 y diciembre de 2025.
En agosto de 2026 fui a la Fiscalía a preguntar por el proceso de injuria; el fiscal me dijo que citaría a los consejeros el 1 de septiembre de 2026 y me sugirió denunciar también por todo lo vivido. Ese mismo mes, al ir con la nueva administradora a firmar un formato, me reconoció por mi nombre, torre y apartamento —dijo que Isabel se había estado quejando de mí—. Me contó que, aunque los guardias costaban menos de $27.000.000, Marlene (la administradora anterior) junto con los consejeros solía hacer un solo retiro mensual de casi $35.000.000 en efectivo para cubrir todos los gastos del conjunto. Me pidió asistir a una reunión con el comité de convivencia, y accedí con la condición de que citaran a los cinco querellantes.
4. Delitos puestos en conocimiento (calificación jurídica de referencia)
Tabla de presuntos delitos cometidos descritos por el código penal
| Artículo del Código Penal | Delito | Hecho relacionado |
| Art. 250 núm. 4 CP | Abuso de confianza calificado | Desfalco de $44.930.042 identificado en la asamblea de abril de 2026 (diferencia entre estado de resultados y balance general) |
| Art. 250-B CP | Administración desleal | Manejo irregular y opaco de los recursos por parte de quienes tenían facultades de administración (insistencia en manejar efectivo, retiro mensual único cercano a $35.000.000) |
| Art. 182 CP | Constreñimiento ilegal | Exigencia de un certificado psiquiátrico como condición para permitir el regreso al apartamento; pagos y disculpas exigidos bajo presión; bloqueo reiterado de la participación en asambleas |
| Art. 264 CP | Perturbación de la posesión sobre inmueble | Impedimentos reiterados de ingreso al apartamento y a las asambleas (motos/policía en la entrada, negativas verbales de ingreso) |
| Art. 347 CP | Amenazas | Amenaza directa de Jaime Obando (“me dan ganas de romperle la jeta”) proferida frente al fiscal en la citación del 10 de noviembre de 2025 |
| Art. 186 CP | Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar | Presión ejercida por las consejeras sobre la familia del denunciante para provocar su internamiento, exigiendo luego un certificado psiquiátrico como condición de convivencia |
| Puesto en conocimiento | Concierto para delinquir (calificación a criterio del fiscal) | Patrón de actuación coordinada entre los consejeros: reuniones conjuntas de presión, decisiones tomadas en bloque, delegación expresa de mando entre ellos |
Tabla de penas definidas por el código penal para los presuntos delitos cometidos
| # | Artículo | Delito | Pena |
| 1 | Art. 250, núm. 4 CP | Abuso de confianza calificado | Prisión de 48 a 108 meses, multa de 40 a 750 SMLMV Minvivienda |
| 2 | Art. 347 CP | Amenazas | Prisión de 4 a 8 años (48-96 meses), multa de 13.33 a 150 SMLMV Corte Constitucional |
| 3 | Art. 250-B CP | Administración desleal | Prisión de 4 a 8 años (48-96 meses) |
| 4 | Art. 289 CP | Falsedad en documento privado | Prisión de 16 a 108 meses |
| 5 | Art. 264 CP | Perturbación de la posesión sobre inmueble | Prisión de 16 a 36 meses, multa de 6.66 a 30 SMLMV |
| 6 | Art. 182 CP | Constreñimiento ilegal | Prisión de 16 a 36 meses |
| 7 | Art. 186 CP | Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar | Prisión de 16 a 36 meses, multa de 13.33 a 150 SMLMV Conceptos Jurídicos |
| — | Puesto en conocimiento | Concierto para delinquir | Prisión de 48 a 108 meses (si el fiscal lo califica y prospera) |
Tabla de penas de prisión definidas por el código penal para los presuntos delitos cometidos acumuladas.
| # | Artículo | Delito | Pena individual | Pena acumulada (suma aritmética hasta este punto) |
| 1 | Art. 250, núm. 4 CP | Abuso de confianza calificado | 48-108 meses | 108 meses |
| 2 | Art. 347 CP | Amenazas | 48-96 meses (4-8 años) | 204 meses |
| 3 | Art. 250-B CP | Administración desleal | 48-96 meses (4-8 años) | 300 meses |
| 4 | Art. 289 CP | Falsedad en documento privado | 16-108 meses | 408 meses |
| 5 | Art. 264 CP | Perturbación de la posesión sobre inmueble | 16-36 meses | 444 meses |
| 6 | Art. 182 CP | Constreñimiento ilegal | 16-36 meses | 480 meses |
| 7 | Art. 186 CP | Fraudulenta internación en clínica o establecimiento similar | 16-36 meses | 516 meses (~43 años) |
Tabla de penas de multas definidas por el código penal para los presuntos delitos cometidos acumuladas
| # | Artículo | Delito | Multa (SMLMV) | Multa en pesos (SMLMV 2026 = $1.750.905) | Multa acumulada (SMLMV) |
| 1 | Art. 250, núm. 4 CP | Abuso de confianza calificado | 40 a 750 SMLMV | $70.036.200 a $1.313.178.750 | 750 |
| 2 | Art. 347 CP | Amenazas | 13.33 a 150 SMLMV | $23.339.562 a $262.635.750 | 900 |
| 3 | Art. 250-B CP | Administración desleal | 10 a 1.000 SMLMV | $17.509.050 a $1.750.905.000 | 1.900 |
| 4 | Art. 289 CP | Falsedad en documento privado | No contempla multa — solo prisión | — | 1.900 |
| 5 | Art. 264 CP | Perturbación de la posesión sobre inmueble | 6.66 a 30 SMLMV | $11.661.027 a $52.527.150 | 1.930 |
| 6 | Art. 182 CP | Constreñimiento ilegal | No contempla multa — solo prisión | — | 1.930 |
| 7 | Art. 186 CP | Fraudulenta internación en clínica o establecimiento similar | 13.33 a 150 SMLMV | $23.339.562 a $262.635.750 | 2.080 |
Con el SMLMV vigente hoy (16 de agosto de 2026: $1.750.905), el cálculo es:
2.080 SMLMV × $1.750.905 = $3.641.882.400
aproximadamente tres mil seiscientos cuarenta y un millones, ochocientos ochenta y dos mil, cuatrocientos pesos colombianos o hasta 43 años de cárcel.
Tabla de violaciones a la ley 675 del 2011 de propiedad horizontal
| Artículo Ley 675/2001 | Qué exige la norma | Cómo la violaron |
| Art. 37 — Integración y derechos de la asamblea | Todo propietario tiene derecho a participar y votar en las deliberaciones | Te impidieron el ingreso a ti, a tu mamá y a otros propietarios en abril de 2025 (“usted no entra”); en la segunda asamblea, a la mayoría de los 120 asistentes no les permitieron ni votar |
| Art. 39, parágrafo 1 — Convocatoria | La convocatoria debe enviarse a cada propietario individualmente, a su última dirección registrada | No notificaron a 9.5 de las 15 torres para la asamblea de abril 2025; a ti no te llegó la invitación pese a que era condición del acuerdo de conciliación |
| Art. 41 — Reuniones de segunda convocatoria | Si no hay quórum, la ley ya prevé automáticamente una segunda reunión 3 días después, que sesiona válidamente con cualquier número plural de propietarios — no se necesita “inventar” una nueva convocatoria ni cambiar las reglas | Usaron la “falta de quórum” como excusa para cancelar y volver a convocar en sus propios términos, sin darte el espacio ya acordado para las disculpas/explicación de la auditoría, y sin traer los documentos que se habían comprometido a presentar |
| Art. 47 — Contenido del acta | El acta debe registrar fielmente asistentes, votos y decisiones | El acta de abril 2024 registró que tu mamá asistió cuando estaban de viaje (falsedad); el acta de 2025 nunca les fue entregada a los veedores elegidos (tú y la otra veedora) para su firma, y aun así se radicó ante la Alcaldía |
| Art. 51, núms. 1, 4 y 5 — Funciones del administrador | Convocar la asamblea, someter a aprobación cuentas/balance/presupuesto, llevar la contabilidad | Durante años solo presentaron flujo de caja e informe de cartera, sin balance general ni estado de resultados firmados por contador — hasta 2026, cuando se destapó el faltante de $44.930.042 |
| Art. 55 — Límites del consejo de administración | Las decisiones del consejo deben orientarse a los fines del reglamento; no puede extralimitarse ni interferir en las funciones del administrador | Jaime Obando decidiendo unilateralmente qué sistema de recaudo se usaba, delegando funciones informalmente (“Jaime manda”), y los consejeros tomando decisiones de fondo (bloqueo de acceso, exigencias personales) que exceden su rol de coordinación/asesoría |
| Art. 59 y 60 — Régimen sancionatorio y debido proceso | Solo se puede sancionar por conductas ya previstas en la ley o el reglamento, con requerimiento escrito previo y respetando el derecho de defensa | Amenazaron a los propietarios con “multarlos” si no te bloqueaban y dejaban de hablarte — eso no es una conducta sancionable prevista en ningún reglamento, y no hubo ningún debido proceso; es una sanción de facto, arbitraria |
5. Pruebas recopiladas
Clic para ver el detalle del sustento probatorio recopilado
- El único balance general y estado de resultados firmado por contador que entregaron desde el 2023 a 2026 donde se evidencia una diferencia de $44.930.042 que debían estar en la cuenta del conjunto para la entrega de los cargos pero que no existía por que se los habían apropiado poco a poco a lo largo del tiempo.
- Los flujos de efectivo presentados en el 2024 y 2025 con observaciones de la auditoría.
- Acta de la asamblea de abril de 2024 (donde consta -falsamente- la asistencia de la madre del denunciante).
- Base de datos propia con el registro de todas las placas fabricadas y cobradas al conjunto
- Facturas individuales generadas a nombre de los consejeros que intimidaron a otros propietarios para enterrar la auditoría.
- Documento firmado por los propietarios confirmando haber visto la plataforma usme1.org y los hallazgos de la auditoría donde Isabel pidio se eliminara la firma por temor a las amenazas de Jaime.
- Grabación de la llamada en la que Isabel me pide borrar su firma del documento por temor a las represalias de los demás consejeros.
- Video de la primera y segunda asamblea de abril de 2025.
- Comprobantes de las transferencias realizadas a Marta Liliana Ortega Meneses (enero-mayo 2025).
- Carta de cumplimiento enviada en mayo de 2025 tras el incumplimiento por parte de los querellantes del acuerdo realizado en la fiscalía por la presunta injuria.
- Los dos derechos de petición radicados en 2026 (uno sobre acoso/constreñimiento, otro solicitando flujo de caja e informe de asignación de pagos) con videos que demuestran la no aceptación de la radicación por parte de la administradora en plena asamblea de abril del 2026.
- Video de City Noticias sobre las inconformidades que fomentaron la asamblea extraordinaria noviembre de 2025.
- Copia de todos los chat de whatsapp donde Isabel suministra la información financiera auditada.